México, DF, 11 jun 12 (CIMAC).- Activistas por el derecho a decidir criticaron que durante el segundo debate la candidata y los candidatos a la Presidencia dieron un discurso “tibio e impreciso” sobre la interrupción del embarazo, ya que no explicaron cómo evitarán la criminalización de las mujeres por abortar.
Julia Escalante, consultora legal de Ipas México, dijo a Cimacnoticias que Josefina Vázquez Mota (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM), Andrés Manuel López Obrador (PRD-PT-MC), y Gabriel Quadri (Panal), abordaron el tema de manera superficial, “se quedaron en que no quieren que las mujeres estén en la cárcel, pero no tocaron el fondo del asunto: la despenalización del aborto”.
La activista aseguró que mientras la interrupción del embarazo se considere un delito, las mexicanas seguirán siendo perseguidas sobre todo en las 17 entidades federativas donde diputados locales de PRI y PAN penalizaron el aborto en sus constituciones estatales, entre 2008 y 2010.
Escalante refirió que Vázquez Mota y Peña Nieto “se contradicen al decir que están en contra de la criminalización de las mujeres, cuando fueron sus partidos los que principalmente impulsaron las modificaciones (legales) en los estados”.
Además dijo que el candidato del tricolor tuvo la posibilidad de despenalizar el aborto y evitar la persecución de las mexiquenses cuando fue gobernador, y tenía mayoría priista en el Congreso local, lo cual no hizo.
Como consecuencia de su legislación restrictiva, “una buena cantidad de mexiquenses acuden al DF para practicarse la interrupción legal del embarazo”, criticó Julia Escalante.
Desde abril de 2007 –cuando se aprobó la interrupción legal del embarazo (ILE) en la capital del país– a abril de 2012, 77 mil 524 mujeres tuvieron acceso al procedimiento, de las cuales 23 por ciento (17 mil 872) provenía del Estado de México, según datos de la Secretaría de Salud del DF.
Respecto a la declaración de Peña Nieto, quien indicó que “deben ser los congresos de cada estado los que definan precisamente en razón de la condición local de cada estado, de sus costumbres y tradiciones, qué legislación civil se debe tener sobre esa materia (aborto)”, la abogada aseguró que no se trata de modificar una legislación civil sino penal para poder despenalizar el aborto.
Escalante abundó que la discusión debe girar en torno a revertir estas reformas para garantizar que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Para la consultora legal de Ipas México, la posición de López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, tampoco fue clara, pues no señaló si está o no a favor de la despenalización del aborto. Y se limitó, como sus adversarios, a pronunciarse en contra de la criminalización de las mujeres.
Georgina Martínez, integrante de Feministas Socialistas, dijo a Cimacnoticias que aunque se esperaba una posición más contundente por parte del candidato de las izquierdas, es importante recordar que con el PRD se logró la ILE en el DF hasta las 12 semanas de gestación.
Martínez destacó que en la capital más de 70 mil mujeres han ejercido el derecho a decidir sobre sus cuerpos en condiciones seguras y de legalidad, sin ser criminalizadas y sin poner en riesgo su salud y su vida.
Las activistas coincidieron en que los derechos de las mujeres y en particular el derecho a decidir sobre su cuerpo, ha sido “soslayado” en las propuestas de la candidata y los candidatos, por lo que “incentivaremos nuestra lucha para que este tema sea prioritario” en sus agendas, concluyó Georgina Martínez.
Ipas México y Feministas Socialistas, como parte de las 35 organizaciones civiles de 19 estados que conforman el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, el pasado 28 de mayo enviaron un escrito a la candidata y los candidatos presidenciales para exigirles que se pronuncien a favor de la despenalización del aborto. Hasta la fecha no han tenido respuesta.
